La reina Isabel I nombra caballero a Francis Drake en su barco “Golden Hind” después de su viaje alrededor del mundo, c. 1920
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Los corsarios eran, básicamente, piratas con los papeles en regla. Con la venia de sus majestades —a través de la llamada patente de corso— y a cambio de compartir parte del botín, hicieron de las suyas entre los siglos XV y XIX. Su misión era capturar barcos enemigos, saquearlos y, si hacía falta, hundirlos. De ahí tantas leyendas de tesoros fabulosos en el fondo del mar. Todo perfectamente “legal”.
Si cometían excesos, no sufrían mayores consecuencias: estaban amparados por una corona. Y la corona, a su vez, se lavaba las manos alegando no tener responsabilidad sobre los actos de aquellos entusiastas del saqueo. Un acuerdo práctico: unos ponían la firma, otros los cañones.
Ambos ganaban. Las coronas mantenían al enemigo a raya sin invertir en flotas propias, y los corsarios se llevaban fama, fortuna y, en algunos casos, estatus de héroes nacionales.
Entre los más célebres estuvieron Walter Raleigh, Henry Morgan y Francis Drake, al servicio de Isabel I de Inglaterra, así como el otomano Barbarroja. La figura del corsario fue abolida oficialmente en 1856 con el Tratado de París, cuando la revolución industrial y el surgimiento de las marinas de guerra modernas volvieron obsoleta aquella práctica tan —diríamos— creativa.
A lo que voy con los corsarios es el mecanismo que los hizo posibles: una autoridad que otorgaba una patente para hacer lo que, sin esa firma, sería simple piratería. La historia cambia de escenario, pero lo que no parecería cambiar es la fascinación por convertir en legítimo aquello que recibe un sello.
Y si no, fíjense por ejemplo en las fulanas apostillas, que tanto nos atormentan a todos los que nos vamos a vivir a otro país. Y eso que no somos piratas…
